Tras postergar tres veces la sesión y tras la circulación de más de 15 borradores, La Libertad Avanza (LLA) incorporó una serie de modificaciones clave al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para asegurar el apoyo de los bloques aliados. La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto a los legisladores Agustín Coto y Nadia Márquez -titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General-, presentaron formalmente el nuevo texto.
El Gobierno señaló que los cambios buscan fortalecer el marco normativo y garantizar que todas las fuerzas que acompañan con su voto se sientan representadas n la norma que se debatirá finalmente este jueves en el recinto.
La iniciativa, redactada en sus orígenes por el ministro Federico Sturzenegger, proponía en un principio la eliminación total de las restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto que desató fuertes tensiones internas en el oficialismo y un firme rechazo por parte de la oposición dialoguista.
Frente a las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical y bancadas provinciales, Bullrich encabezó las negociaciones y cedió en el aspecto más controvertido. La propuesta original fue reemplazada por un nuevo esquema que fijará un tope del 25% por provincia para la adquisición de suelo argentino por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras, dando un paso atrás en la desregulación absoluta pero elevando el límite del 15% vigente en la legislación.
Atendiendo al reclamo de los bloques provinciales y fronterizos, la redacción acordada establece un riguroso mecanismo de control y doble autorización. Para concretar cualquier operación de compra de tierras por parte de extranjeros se requerirá la aprobación expresa tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia correspondiente. Asimismo, el texto prohíbe la adquisición de terrenos a personas jurídicas y empresas que cuenten con participación estatal extranjera, directa o indirecta, y ordena que cada transacción quede anotada en un asiento especial del registro inmobiliario provincial, además de exigir el estricto cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional.